El día de hoy fue inaugurado en el Colegio de México el ciclo 2012, Año de Elecciones, Año de Reflexiones con la sesión La Reforma Electoral de 2007 y Las Campañas de 2012. De múltiples formaciones, experiencias e intereses, los ponentes — destacados conocedores de los asuntos electorales — expusieron sus posturas y preocupaciones sobre la reforma electoral de 2007 y sus consecuencias en las próximas elecciones federales.
Las conclusiones de todos corrieron más o menos en el mismo sentido. En un burdo intento por lograr campañas de 'buenas intenciones', el congreso impuso una regulación excesiva, que intenta normar la conducta de todos los involucrados, ciudadanos incluidos, y que al acotar los pronunciamientos públicos o prohibir el contraste de historiales, pone en riesgo derechos fundamentales como el de expresión, el de información o el de asociación.
Irónicamente (con justicia poética, pienso yo), esta sobrerregulación, a quién más perjudica — en asignación de tiempo televisivo y con el silencio obligado de intercampañas — es al candidato de esa izquierda que fue la principal promotora de la reforma tras los resultados de la elección de 2006, y que hoy repite en su intento de buscar la Presidencia de la República.
El costo de las campañas, otra motivación para la reforma, tampoco se vio abatido. Si bien el monto otorgado a los partidos disminuyó, ello se debe a que ahora el IFE es el encargado de contratar y pagar los spots, sin embargo, el gasto total de esta elección será mayor. Por otro lado, La fiscalización a partidos no deja de ser un sinsentido cuando no se tiene ni conocimiento ni control de los recursos, en especie y en efectivo, que recaudan los candidatos a lo largo del proceso.
Conclusión unánime — compartida por partidos y candidatos — es la necesidad de corregir los múltiples errores (y horrores) de la actual legislación, que busque la equidad, la transparencia y que sea funcional a largo plazo y no un mero intento de conciliación para calmar un berrinche o componer un supuesto agravio.
Las conclusiones de todos corrieron más o menos en el mismo sentido. En un burdo intento por lograr campañas de 'buenas intenciones', el congreso impuso una regulación excesiva, que intenta normar la conducta de todos los involucrados, ciudadanos incluidos, y que al acotar los pronunciamientos públicos o prohibir el contraste de historiales, pone en riesgo derechos fundamentales como el de expresión, el de información o el de asociación.
Irónicamente (con justicia poética, pienso yo), esta sobrerregulación, a quién más perjudica — en asignación de tiempo televisivo y con el silencio obligado de intercampañas — es al candidato de esa izquierda que fue la principal promotora de la reforma tras los resultados de la elección de 2006, y que hoy repite en su intento de buscar la Presidencia de la República.
El costo de las campañas, otra motivación para la reforma, tampoco se vio abatido. Si bien el monto otorgado a los partidos disminuyó, ello se debe a que ahora el IFE es el encargado de contratar y pagar los spots, sin embargo, el gasto total de esta elección será mayor. Por otro lado, La fiscalización a partidos no deja de ser un sinsentido cuando no se tiene ni conocimiento ni control de los recursos, en especie y en efectivo, que recaudan los candidatos a lo largo del proceso.
Conclusión unánime — compartida por partidos y candidatos — es la necesidad de corregir los múltiples errores (y horrores) de la actual legislación, que busque la equidad, la transparencia y que sea funcional a largo plazo y no un mero intento de conciliación para calmar un berrinche o componer un supuesto agravio.
Muy bien por la convocatoria y el ejercicio. El 18 de abril, la segunda conferencia. Ya la esperamos.
